La asociación de consumidores Facua ha presentado alegaciones contra la propuesta de subida lineal del 4% de las tarifas del taxi para 2027 al considerar que «la memoria económica presentada por Autacor no justifica suficientemente que este incremento responda a una evolución real y acreditada de los costes de prestación del servicio».
En una nota, Facua ha cuestionado «especialmente los 654.210 euros anuales incluidos en concepto de emisora y otros servicios (628.615 euros) y gestoría (25.595 euros)», al apuntar que «no se acredita que estos gastos sean costes necesarios y directamente vinculados al servicio que deban ser repercutidos a todos los usuarios».
Al respecto, han recordado que «el Decreto 365/2009 exige que los costes incluidos en las tarifas guarden una relación acreditada y directa con el servicio, mientras que la normativa de desindexación obliga a justificar las revisiones tarifarías atendiendo a los costes específicos, la eficiencia económica y la buena gestión empresarial».
La asociación también ha dudado de «la inclusión de 1.254 euros por vehículo en concepto de imprevistos y otras reparaciones, al tratarse de una partida genérica cuya realidad, composición y cuantificación no quedan suficientemente acreditadas».
Además, la memoria incluye dentro de otros gastos «una partida de 400 euros por vehículo destinada, entre otros conceptos, a entrada a cocheras, sin que se acredite que la totalidad de los vehículos soporte este gasto ni su necesidad como coste directamente imputable a la prestación del servicio».
LAS LICENCIAS
Asimismo, Facua ha reclamado «revisar los 5.027,77 euros de gastos financieros incluidos en la memoria, ya que una parte de estos costes corresponde a la financiación de la adquisición de la licencia, tanto en aquellos casos en los que el titular haya recurrido a financiación para adquirirla como en los que no exista actualmente dicha financiación».
Según la propia memoria económica, «se contempla una inversión de 125.000 euros por la licencia, cuyo 50% se incluye en la inversión financiada utilizada para calcular los gastos financieros», han indicado desde la asociación, para señalar que «la adquisición de una licencia constituye una inversión patrimonial del titular de la actividad y no un coste generado directamente por la prestación del servicio, por lo que no puede trasladarse automáticamente a los usuarios el coste financiero de dicha inversión».
La asociación ha destacado además que «la propia memoria no contempla amortización de la licencia, al considerar que mantiene un valor residual equivalente a su coste de adquisición». Para Facua, «resulta especialmente cuestionable que se pretenda repercutir mediante las tarifas el coste financiero de un activo que, según la propia memoria, conserva su valor económico y puede ser posteriormente transmitido por su titular».
Por ello, ha reclamado que «se desglose esta partida y se excluya la parte correspondiente a la financiación de la licencia si no se acredita su relación directa y necesaria con la prestación efectiva del servicio», entre otros aspectos expuestos, como «posibles duplicidades en los costes de telefonía y los 3.950 euros por vehículo previstos para inversiones y equipamientos, cuyos conceptos no aparecen suficientemente individualizados».
También, han demandado que «la memoria tenga en cuenta la composición actual de la flota, formada por 99 vehículos de combustible tradicional, 369 híbridos y 41 eléctricos, y que diferencie los costes energéticos reales de cada tecnología».
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