El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde en segunda vuelta a dos proyectos legislativos de gran trascendencia para el sistema sanitario: la reforma de la Ley del Tabaco y la actualización de la Ley de Medicamentos y Productos Farmacéuticos. Ambas normativas buscan iniciar su trámite parlamentario de manera inmediata, con el fin de garantizar su aprobación definitiva antes del cierre de la actual legislatura y previo al periodo vacacional de verano.
Regulación más estricta contra el tabaco y vapeo
La reforma de la Ley del Tabaco, que retomó su análisis en septiembre pasado, introduce medidas más rigurosas destinadas a equiparar los dispositivos de cigarrillos electrónicos y vapeadores con los cigarrillos tradicionales, atendiendo tanto a productos con nicotina como sin ella. Asimismo, se amplía el alcance a las bolsas para uso oral, las ‘shishas’ y los dispositivos de tabaco calentado, sumando un conjunto amplio de productos bajo las nuevas restricciones.
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, intensifica su estrategia tras prohibir recientemente los sabores que atraen especialmente a los jóvenes en estos dispositivos. La normativa extenderá las zonas libres de humo y vaporización a espacios como terrazas de bares y restaurantes, estaciones y marquesinas de transporte público, recintos de ocio al aire libre como conciertos y espectáculos, piscinas públicas y vehículos con conductor (VTC), que serán considerados espacios laborales estrictamente libres de humo.
Para fortalecer la protección de los menores, la ley incorpora una novedad importante: penalizar el consumo de vapeadores por parte de personas menores de edad. Además de prohibir la venta a este grupo, las infracciones implicarán sanciones económicas de 100 euros, que deberán asumir los padres o tutores legales, buscando incentivar la responsabilidad familiar frente al consumo.
Ampliación de competencias en prescripción y dispensación farmacéutica
Por otro lado, el anteproyecto de la ley de medicamentos y productos farmacéuticos retorna a la agenda tras incorporar observaciones del Consejo de Estado y del sector sanitario. Entre sus puntos más significativos figura la autorización para que enfermeros y fisioterapeutas puedan prescribir determinados fármacos, ampliando así el acceso y la eficiencia en la atención primaria.
De igual modo, se faculta a los farmacéuticos para sustituir medicamentos por equivalentes cuando existan dificultades de suministro, mejorando la disponibilidad de tratamientos. Esta reforma pretende además facilitar la coordinación entre quienes prescriben y dispensan medicamentos, agilizando trámites administrativos para la financiación pública, que deberá resolverse en un máximo de 180 días.
El proyecto también promueve la introducción acelerada de medicamentos genéricos y biosimilares, generando ahorros que podrían ser reinvertidos en otras áreas del Sistema Nacional de Salud. Como principal innovación económica, se implementará un sistema dinámico de precios que hará disminuir de forma progresiva el coste de los medicamentos genéricos a medida que aumente su volumen de dispensación, favoreciendo así la sostenibilidad financiera del sistema.
Modernización del transporte público con enfoque sostenible
Aunque no forma parte directa del paquete sanitario, es relevante destacar que junto a estas leyes, se han anunciado inversiones significativas para el transporte público, especialmente en la renovación de la flota de autobuses urbanos. Se planifica aumentar el número de vehículos de 48 a 60, con una completa transición hacia modelos híbridos para reducir la contaminación, en un proceso programado para completarse en cuatro años.
Además, se incorporarán sistemas tecnológicos como el pago mediante tarjeta bancaria y validación digital con localización GPS, acompañado de una aplicación móvil para informar en tiempo real sobre el servicio. También se prevé ampliar la plantilla de conductores, garantizar su adscripción exclusiva a la línea Cádiz y establecer mecanismos de control centralizado desde la delegación de movilidad.
Estas medidas incluyen mejoras en las frecuencias de paso, especialmente en barrios con menor cobertura, y la creación de un servicio nocturno en las líneas principales durante fines de semana. El total de horas de servicio crecerá un 25%, pasando de 160.000 a 207.000 horas anuales, reflejando una inversión de 212 millones de euros a lo largo de doce años para dotar a la ciudad de un transporte público más eficiente y sostenible.
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