El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por ‘ley de nietos’, por lo que no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, cuyo censo se cierra este lunes, según han informado fuentes jurídicas. Esto implica mantener suspendido el derecho a voto de todos los españoles que accedieron a la nacionalidad a través de una instrucción que desarrolla la norma, tal y como habían solicitado Iustitia Europa y Vox.
Según fuentes del Alto Tribunal, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del 10 de septiembre en relación a inscripciones en el censo de residentes ausentes en el extranjero. La decisión ha contado con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.
«Deberá estarse a lo acordado en el citado auto, con indicación al Instituto Nacional de Estadística, del que depende orgánicamente la Oficina del Censo Electoral, que no puede inscribir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) a las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del Derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1 Inciso primero de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática y aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral por aplicación de la suspensión acordada en el citado auto», señalan los documentos.
Los magistrados añaden que respecto a quienes hayan obtenido la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’ y hayan sido ya inscritas en el CERA, «se mantiene la suspensión de sus efectos electorales en el proceso convocado por el real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de elecciones a Cortes Generales».
El Gobierno ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo. «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos», ha declarado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional. Fuentes del Ejecutivo han añadido que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión son una resolución definitiva. En este sentido, han trasladado que el Gobierno estudiará si se puede recurrir ante el Constitucional la decisión del Supremo o si solo pueden hacerlo los afectados.
Desde el PSOE tampoco han tardado en reaccionar a la medida y han afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han vuelto a «tropezar con la piedra» del franquismo: «¿Los nietos de los exiliados no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?». Para los socialistas, la decisión del Supremo es un «atropello» que no van a parar de denunciar. «Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas», han manifestado.
Feijóo, por su parte, ha asegurado en un mensaje publicado en sus redes sociales que «lo primero en democracia es cumplir las reglas». «En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna. El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas», ha sentenciado. Abascal también se ha mostrado satisfecho por la decisión. «Nos sentimos muy tranquilos por el hecho de que será más difícil robar las elecciones, por el hecho de que los tribunales españoles le digan al Gobierno que no se pueden fabricar votantes de manera ilegítima e ilegal, que es en lo que estaba Sánchez. Le hemos pillado con las manos en la masa y creo que Vox ha ofrecido un gran triunfo a la sociedad española», ha declarado el líder de Vox a Okdiario.
Antes de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo, el presidente, Pedro Sánchez, había mostrado su confianza en que el Supremo avalara la tesis del Ejecutivo, ya, en su opinión, lo contrario supondría privar a 400.000 españoles de su derecho a voto. «Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda. No se puede sustraer ese derecho, llevan votando sin ninguna duda desde 2023», declaró el líder del Ejecutivo. «Espero una decisión que proteja ese derecho. Hemos tenido [elecciones] generales, autonómicas, europeas… el derecho a la participación política es consustancial», concluyó Sánchez. Feijóo, por su parte, había mostrado su confianza en que el Supremo sería «consecuente» con las cautelares, esgrimiendo que lo que dice la ley es que los nietos de exiliados sí tienen derecho de voto pero quienes no desciendan de exiliados no.
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