Hay un principio elemental de la filosofía moral, formulado hace más de dos siglos por Kant, que exige que toda norma de conducta pueda universalizarse sin contradicción. Preguntémonos, con ese rigor, si la solidaridad que hoy acampa en la Puerta del Sol resistiría la prueba de la universalidad. Me temo que no.
El caso de Maricarmen Abascal —87 años, siete décadas en la misma casa, expulsada de la noche a la mañana— tiene la textura de una tragedia griega: la vejez despojada de su hogar por el mecanismo frío de un impago o una ejecución hipotecaria. Nadie con un mínimo de decencia puede permanecer indiferente. Pero precisamente porque el dolor es real, merece algo más que ser el combustible de una coreografía política ya conocida.
Conviene recordar que la compasión pública, cuando se despliega de forma tan selectiva, deja de ser ética para convertirse en táctica. Hannah Arendt advirtió sobre la diferencia entre la piedad —que se deja arrastrar por el espectáculo del sufrimiento ajeno— y la solidaridad, que exige coherencia y permanencia. La piedad se enciende con una imagen; la solidaridad se sostiene con una convicción. Y aquí, francamente, cuesta encontrar la segunda.
¿Dónde estaban las cuatrocientas tiendas de campaña cuando Ceuta, a finales de julio, vivió jornadas de tensión en su frontera? ¿Dónde estaba el «Ceuta somos todos» cuando mujeres marroquíes denunciaban agresiones en su propia ciudad? El silencio, en aquel caso, fue tan estruendoso como el clamor de hoy. ¿Dónde estaba la acampada cuando en Cataluña un desahucio terminó en muerte, sin que mediara ultimátum alguno al Gobierno? La plaza, entonces, permaneció vacía. Y sin embargo el problema de fondo —el acceso a la vivienda como derecho incumplido— llevaba ya años de gestación, no un fin de semana.
Ocho años de Gobierno, con la Ley de Vivienda aprobada, con competencias y con presupuesto, son tiempo más que suficiente para que la urgencia no sea un descubrimiento repentino, sino una tarea pendiente. Que el decreto llegue ahora, bautizado con nombre propio y a golpe de acampada, no habla tanto de sensibilidad social como de oportunidad política. La retórica que compara a una anciana desahuciada con Rosa Parks —símbolo de una lucha civil sostenida durante años, no de una crisis de titulares— roza la banalización de la historia. Convertir el sufrimiento de una mujer en emblema instantáneo de una causa es, paradójicamente, una forma de instrumentalizarla.
No se trata de negar la legitimidad del reclamo de fondo. El derecho a la vivienda, como el derecho a la seguridad en Ceuta o el alivio fiscal para quien no llega a fin de mes por el gasóleo y la cesta de la compra, son todos exigencias razonables en una democracia madura. El problema no es la protesta: es su geometría variable, su capacidad de aparecer y desaparecer según convenga al calendario de quien la convoca.
La verdadera prueba de una sociedad justa no es la intensidad de su indignación puntual, sino la constancia de su atención a quienes sufren, estén o no bajo los focos, tengan o no un nombre que rime bien con un decreto. Mientras la solidaridad siga siendo estacional y selectiva, seguiremos teniendo plazas llenas y problemas sin resolver. Y Maricarmen, me temo, seguirá siendo menos un símbolo de justicia que un argumento de coyuntura.
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