El equipo legal de Begoña Gómez ha entregado al Tribunal del Jurado su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama la absolución completa de la esposa del presidente del Gobierno, incluyendo todos los pronunciamientos favorables posibles. El abogado Jaime Campaner no se ha limitado a rechazar los hechos imputados: también exige que se condene en costas tanto a la acusación popular —integrada por Vox, HazteOir e Iustitia Europa, entre otros— como a la Universidad Complutense de Madrid, personada como actora civil, a la que acusa de una actuación procesal temeraria. El documento responde a la providencia judicial del 28 de julio de 2026.
Una trayectoria profesional detallada
El escrito repasa la biografía de Begoña Gómez, nacida el 24 de marzo de 1971 y sin antecedentes penales. Recuerda que estuvo vinculada a Task Force, S.A. —posteriormente Inmark Europa— entre 1997 y 2018, año en que pidió la excedencia para prevenir conflictos de interés al llegar su marido a Moncloa. Según la defensa, su relación con la Complutense era previa a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, ya que codirigía diplomas y másteres desde el curso 2012-2013.
El origen de la Cátedra
La defensa sitúa el germen de la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en un encuentro de julio de 2020 entre Gómez y el entonces rector Joaquín Goyache, celebrado en La Moncloa por el cierre de la universidad durante la pandemia. El convenio se rubricó el 30 de octubre de ese año, con Reale Seguros y Fundación La Caixa como patrocinadores. El escrito insiste en que Gómez dirigió la Cátedra sin cobrar durante cuatro años y que esta actividad no le reportó ningún beneficio económico.
La plataforma digital, en el centro de la causa
El núcleo de la investigación es una herramienta digital pensada para medir el impacto social y ambiental de pymes, financiada por Indra, Telefónica y Google —esta última con 70.000 euros adicionales repartidos entre Devoteam y Making Science—. La defensa sostiene que el proyecto perteneció siempre a la UCM y que, desde el 26 de mayo de 2023, un empleado universitario con correo institucional tuvo control pleno sobre él. Aun así, reconoce que el desarrollo quedó inacabado, sin pruebas de estrés ni auditorías de seguridad.
El dominio web y las marcas registradas
Sobre el dominio transformatsc.org, registrado en septiembre de 2022 y cedido a Gómez en julio de 2023 tras la salida de la coordinadora Blanca de Juan, la defensa lo describe como un simple instrumento técnico de acceso costeado con dinero propio, que Gómez decidió no renovar el 11 de septiembre de 2024, en plena instrucción judicial. En cuanto a las dos marcas registradas ante la Oficina de Patentes —octubre de 2020 y abril de 2023—, asegura que solo buscaban dar identidad provisional a la plataforma y que el trámite se hizo desde su cuenta de correo de la UCM.
Sin perjuicio económico, según la defensa
El escrito niega cualquier daño patrimonial a la Complutense, que habría ingresado 17.600 euros —el 10% de la financiación privada— y conservaría un remanente de 29.685 euros de destino hoy desconocido. Respecto a Transforma TSC SL, la sociedad creada por Gómez en noviembre de 2023, la defensa señala que apenas tuvo actividad: un ingreso de 4.200 euros por unos talleres que se traspasó íntegro a la profesional que los impartió, en una operación que califica de neutra.
Cristina Álvarez y las horas trabajadas
El documento también defiende a Cristina Álvarez, asistente de Gómez con rango de directora de Programas, cuyas tareas de agenda, comunicación y viajes habrían superado ampliamente su jornada pactada, alcanzando 1.907 horas en 2023.
Testigos y peritos
La defensa tacha de dogmáticas las conclusiones de la acusación popular y pide que el codirector de la Cátedra, José Manuel Ruano de la Fuente, testifique antes del juicio por considerarlo imprescindible. El escrito, fechado en Madrid el 4 de septiembre de 2026, solicita además la comparecencia de una treintena de testigos —empresarios, exvicerrectores y representantes de patrocinadores—, cuatro peritos y el interrogatorio final de la propia acusada.
Con este planteamiento, la defensa no solo busca evitar una condena: pretende además que quienes impulsaron la causa —acusación popular y universidad— asuman el coste económico de un proceso que, sostiene, jamás debió iniciarse.
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