El Parlamento censura el «castigo» del Gobierno a Andalucía y lamenta la falta de PGE

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A con la que se censura la «irresponsabilidad» del Gobierno central de no haber presentado Presupuestos Generales del Estado (PGE) durante toda la legislatura, lo que ha provocado un «grave perjuicio a Andalucía al impedir una adecuada planificación plurianual de inversiones, infraestructuras y recursos».

La Cámara ha rechazado la «nula transparencia sobre la ejecución territorializada de las inversiones estatales previstas y ejecutas en los últimos años, lo que ha supuesto de facto la ocultación y pérdida efectiva de inversiones comprometidas con Andalucía, ocasionando un grave perjuicio».

En virtud de la iniciativa, defendida por el diputado del PP-A Jesús Estrella, se ha demandado que el futuro gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre publique semestralmente y en formatos abiertos, provincia por provincia y proyecto por proyecto, el crédito, las obligaciones reconocidas y el porcentaje de ejecución de todas sus inversiones territorializadas en Andalucía.

Asimismo, el Parlamento ha censurado «la nula transparencia y de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno central» nueve meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), así como los «retrasos acumulados en las infraestructuras ferroviarias que deben integrar Andalucía en los corredores europeos Mediterráneo y Atlántico».

Se ha instado al Ejecutivo nacional a aprobar un calendario «completo, anualizado, presupuestado y verificable de todas las actuaciones pendientes» en Andalucía; a culminar con carácter prioritario la modernización, electrificación e interoperabilidad de la línea Algeciras-Bobadilla; a concluir sin nuevos aplazamientos las conexiones de altas prestaciones de Almería con Murcia, Granada y el resto de España, y a rectificar «el total abandono de las redes de cercanías» en la comunidad.

Asimismo, se ha censurado «la malintencionada gestión del Gobierno central y el castigo a Andalucía con conductas que han amparado excesivas dilaciones en la ejecución de infraestructuras viarias estatales comprometidas»; la «falta de implicación efectiva» en las conexiones terrestres de varios puertos andaluces, y «los retrasos acumulados en las obras hídricas» declaradas de interés general del estado.

Se ha rechazado la «distribución territorial de fondos estatales hecha por el Gobierno de España durante los últimos ocho años, al haber estado orientada a satisfacer de manera prioritaria los intereses de sus socios separatistas con el fin de recabar su apoyo parlamentario; por no haber respondido a criterios objetivos, públicos, transparentes y evaluables, y por el perjuicio que ha causado a la capacidad de desarrollo económico de Andalucía y a la planificación de sus políticas públicas».

Se ha instado al nuevo Gobierno central a «revertir» esta política «arbitraria» y a articular en sus relaciones con la Junta de Andalucía «una colaboración leal».

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