La entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 —el Gobierno llegó a cifrar en torno a 72.000 los accesos en apenas dos días, con más de 70.000 procedentes de Marruecos— desbordó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y disparó una respuesta de emergencia que mueve decenas de millones de euros públicos. Detrás de esa respuesta hay contratos concretos, con empresas, nombres propios y cifras muy específicas, y no todos están libres de polémica.
El contrato de 5,9 millones para «dar de comer»
El más reciente y voluminoso es el contrato para el suministro de víveres frescos y congelados del servicio de cocina del CETI, adjudicado el 8 de agosto de 2026 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz. Según reveló El Debate, el contrato tiene un valor estimado de 5,9 millones de euros del contribuyente y se adjudicó pocos días después de que más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos entrasen de forma masiva e irregular a la ciudad el 30 de julio.
El pliego técnico detalla con enorme precisión qué comerán los residentes: entre los productos que figuran en el expediente aparecen 10.500 kilos de carne de ternera para guisar, 4.800 kilos de cordero troceado, 10.700 kilos de jamoncitos de pollo y 9.000 kilos de escalope de pollo, además de miles de kilos de pescado, marisco, croquetas, empanadillas y tortillas de patata precocinadas. El documento excluye la carne de cerdo en todas sus variantes, en aplicación de la norma islámica sobre alimentación.
La polémica: un pliego «hecho a medida»
Es precisamente en ese mismo expediente donde ha estallado la controversia. Su Lote 1, destinado a productos congelados y valorado en 544.405 euros, fue adjudicado el 16 de agosto de 2026, y la Asociación de Consumidores Halal de Ceuta (ACOHACE) lo ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Según el recurso, el pliego de prescripciones técnicas exige que la carne de vacuno, pollo y cordero cuente con un certificado de sacrificio halal emitido específicamente por el Instituto Halal de la Junta Islámica de España, sin admitir certificaciones equivalentes de otras entidades. La asociación sostiene que esa redacción no establece un estándar técnico objetivo, sino que remite a una entidad privada concreta, lo que a su juicio vulnera los principios de libre concurrencia e igualdad de trato que exige la Ley de Contratos del Sector Público, y ha pedido que se paralice cautelarmente la firma del contrato hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Conviene subrayarlo con claridad: se trata de un recurso administrativo en trámite, no de una sentencia firme ni de una acusación penal contra ninguna empresa. El propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es quien deberá determinar si la cláusula favorece indebidamente a un operador concreto.
Una segunda adjudicataria: Vivera Atlántico Mediterráneo SL
Además de ese contrato de víveres frescos, existe otro expediente distinto para el suministro de «ultramarinos» (productos de despensa, conservas, aceites, legumbres) al mismo centro. Según los datos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, su valor estimado asciende a 1.792.078,90 euros para un periodo de doce meses prorrogable hasta treinta y seis.
Ese contrato fue adjudicado el 30 de junio de 2026 antes del estallido de la crisis migratoria de finales de julio a la empresa ceutí Vivera Atlántico Mediterráneo SL. Según ESdiario, la adjudicación inicial asciende a 373.349,77 euros, con la formalización firmada por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y por Juan Miguel López Rodríguez en representación de la empresa. El listado de productos incluye más de 8.000 kilos de arroz, 6.740 litros de aceite de girasol, miles de kilos de garbanzos, fiambre y mortadela.
Vivera no es una empresa nueva en este negocio: ya se hizo cargo del catering del CETI en noviembre de 2019, cuando el Gobierno rescindió el contrato a la anterior adjudicataria, Dulcinea Nutrición, tras meses de impagos.
Un historial de adjudicaciones con impagos a trabajadores
Porque el negocio de alimentar al CETI ha estado, durante años, salpicado de escándalos que poco tienen que ver con el enriquecimiento de las empresas y mucho con su mala gestión. En 2019, la adjudicataria Dulcinea Nutrición dejó de pagar las nóminas de agosto a más de la mitad de su plantilla y de abonar a los proveedores de mercancía con la que se preparaban las comidas del centro, lo que obligó a la propia dirección del CETI a asumir temporalmente la compra de alimentos. Antes, en 2016, ya había ocurrido algo parecido con la empresa Global Food Management, cuya rescisión de contrato obligó a que la empresa Clece asumiera de urgencia el servicio de cocina y comedores, después de que Global Food acumulara deudas con sus propios trabajadores y proveedores.
El paquete de 309 millones y el otro lado de la balanza
Estos contratos de alimentación son solo una pequeña parte de un plan mucho más amplio. El Gobierno anunció el 1 de septiembre de 2026 la movilización de 309 millones de euros hasta final de año para responder a la crisis, de los que el 75% se destina a seguridad, servicios esenciales y acogida de personas migrantes, y el 25% restante a ayudas para empresas y trabajadores de la ciudad. Dentro del bloque humanitario, 53,4 millones se destinan al alojamiento y la atención básica de las personas migrantes y otros 63,6 millones a la acogida de menores no acompañados.
Ese dinero público convive con una realidad muy distinta para buena parte del tejido empresarial ceutí: la Cámara de Comercio de Ceuta cifra en 33,04 millones de euros las pérdidas directas sufridas por comercios, hoteles y restaurantes de la ciudad a raíz de la crisis, tras encuestar a más de 300 empresas locales. De ahí que el propio plan del Gobierno incluya bonificaciones fiscales como el aumento del 50% al 60% en la deducción del Impuesto de Sociedades para empresas radicadas en Ceuta y Melilla pensadas para compensar ese golpe.
El resumen: dos realidades que conviven
El resultado es un escenario con dos caras muy distintas. Por un lado, un pequeño comercio ceutí que registra pérdidas millonarias y necesita ayudas públicas para sobrevivir al parón económico provocado por la crisis. Por otro, un puñado de empresas adjudicatarias de catering, seguridad, alojamiento o suministros que gestionan contratos millonarios financiados con fondos públicos y europeos, algunos de ellos bajo sospecha de haberse redactado a medida de un proveedor concreto, y con un historial previo de impagos a sus propios trabajadores más que de beneficios extraordinarios.
Ninguno de estos hechos permite hablar, por ahora, de un delito o de un fraude probado: son datos de contratación pública, denuncias en trámite y un historial documentado en fuentes oficiales y periodísticas. Pero sí dibujan un mapa de intereses económicos muy concretos alrededor de una crisis humanitaria, que la Justicia y los propios órganos de control de la contratación pública deberán terminar de esclarecer.
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