El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha licitado dos contratos con cargo al programa 132A de Seguridad Ciudadana por un importe conjunto de 307.894 euros: 100.258 euros en instrumentos musicales para desfiles y conciertos, y 207.636 euros en sables para «actos de especial relevancia». Ambas licitaciones figuran en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según ha informado OKDIARIO.
En el primer caso, el objetivo es «renovar y actualizar» la dotación de la Unidad de Música del Cuerpo. La lista incluye, como mínimo, una flauta de plata, cuatro clarinetes, dos trompetas, dos fliscornos, un bombardino, dos tubas, un campanólogo, una lira, una marimba, una batería, un set de platos, un timbal, dos cajones (uno de caoba y otro de abedul) y un crótalo.
En el segundo, se pretende dotar de sables a las academias de oficiales y suboficiales, a las distintas zonas de la Guardia Civil y a las comandancias de Ceuta y Melilla. Se prevén 500 sables de acero pulido niquelado para suboficiales y 215 para oficiales, con guardamano bañado en oro de 24 quilates.
Las ofertas pueden presentarse hasta el 8 de octubre en el caso de los instrumentos y hasta el 23 de octubre en el de los sables.
Críticas de las asociaciones
Según la información publicada, el Ministerio sostiene en la licitación de los sables que el gasto guarda relación directa con el programa de Seguridad Ciudadana, cuya finalidad es el mantenimiento del orden público, la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) discrepa. Su responsable jurídico, Eugenio Nemiña Suárez, afirma que «existe más preocupación por medios para desfilar antes que por dotar a los agentes de los medios necesarios para dar seguridad al ciudadano». Nemiña denuncia que faltan vehículos, chalecos antibalas y defensas extensibles, que en algunas unidades se retiran a unos agentes para entregarlas a otros porque no alcanzan para todos, y califica de «tercermundistas» las instalaciones donde trabajan. «La Seguridad Ciudadana no se defiende con instrumentos de música ni con sables», sostiene.
Nemiña añade que, desde 2023, Interior ha gastado medio millón de euros en instrumentos mientras los agentes llevan chalecos que no son de su talla y no hay dinero para termos ni para arreglar cuarteles.
Fuentes policiales consultadas por el diario señalan que ese dinero podría haberse destinado a defensas extensibles, chalecos antibalas u otro material operativo o a mejorar infraestructuras.
Un precedente similar
No es la primera vez que se cuestiona el uso de esta partida. A comienzos de este año, Interior destinó 47.432 euros a recambios para fusiles Mauser modelo 1916 T de desfile, un importe equivalente al coste de 505 defensas extensibles. La AUGC presentó entonces una denuncia ante la Intervención General de la Administración del Estado, al considerar que la justificación del gasto, basada en la «integridad física» de los agentes, suponía una «falta de rigor en la motivación del acto administrativo» que podría vulnerar el principio de veracidad en el gasto público. La asociación sigue esperando una respuesta.
Además, según el mismo medio, en 2020 se utilizaron fondos de Seguridad Ciudadana para comprar mascarillas a una empresa vinculada al caso Koldo.
Aumento de la violencia callejera
La polémica llega, según OKDIARIO, con un incremento de la violencia en la calle. Los delitos de lesiones y riña tumultuaria pasaron de 8.341 en el primer semestre de 2018, año en que Marlaska asumió el cargo, a 15.893 en el mismo periodo de este año, casi el doble. Son 1.464 más que en el primer semestre de 2025, un aumento del 10,14%. Estos delitos llevan creciendo desde 2021 y han subido en ocho de las diez últimas comparaciones interanuales. Quince de las diecisiete comunidades autónomas registraron en el primer semestre de 2026 su cifra más alta de los últimos 11 años.
Las agresiones a agentes también preocupan. En 2025, Madrid registró 2.896 atentados contra policías nacionales y guardias civiles, Andalucía 2.895, la Comunidad Valenciana 2.183, el País Vasco 685, Murcia 582 y Castilla-La Mancha 567. Estas seis comunidades suman 9.808 casos, el 59,2% del total nacional.
La Confederación Española de Policía (CEP) considera que la evolución de estas cifras evidencia un «fracaso» de la gestión del Ministerio. Su portavoz, David Gutiérrez, reclama respaldo para quienes «se juegan la integridad física para proteger a los demás» en lugar de «propaganda y excusas», y pide medidas que refuercen el principio de autoridad y la integridad física de los policías.
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