El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado que la jueza Beatriz Biedma se persone como perjudicada en la causa sobre las supuestas cloacas del PSOE y ha fijado para el próximo 8 de octubre su declaración. Biedma fue la instructora del caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que terminó en juicio y condena.
En un escrito remitido al tribunal, la magistrada denunció «actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos». Según Biedma, esas acciones estaban «directamente conectadas» con su condición de instructora y buscaban «neutralizar, perturbar o incluso destruir» el procedimiento que tenía encomendado.
Coincidencia con Pedraz y la UCO
La apreciación de Biedma coincide con la del propio Pedraz, quien al abrir la causa penal señaló que el objetivo de las cloacas era «desestabilizar» los procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Sánchez. Tanto la UCO como el instructor sostienen que uno de los fines fue lograr la nulidad de la causa contra David Sánchez. La jueza incorporó a su escrito un informe de la Guardia Civil que señala que una de las líneas de actuación de la organización tenía como objetivo a la magistrada.
Pedraz considera que Biedma resulta indiciariamente perjudicada «al menos por el delito de calumnia», sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción respecto al resto de delitos que la jueza imputa.
Contactos con un clan de narcotraficantes
La magistrada de Badajoz no ha precisado qué actuaciones concretas ha percibido contra ella. Sin embargo, varios medios han informado de que las cloacas coordinadas por Leire Díez contactaron con un clan de narcotraficantes de Badajoz, conocido como los Rochos, para que recabaran información de la instructora y la amedrentaran. Biedma considera que se trató de actos «muy graves» que pudieron poner en peligro no solo su reputación, sino incluso su integridad física.
En estas maniobras habría participado además el juez apartado de la carrera Luis José Sáenz de Tejada, que intentó recusarla en lo que la magistrada califica de «última y desesperada estrategia» para sacarla del procedimiento.
Los indicios de la UCO
Los informes de la UCO aportados a la causa describen cómo la red se organizó a través de un grupo de WhatsApp llamado ‘Vacaciones y viajes’, integrado por Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset, Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra. Fue este último quien conectó al exjuez con Díez y Pérez Dolset, que habían solicitado «información o contactos que pudieran afectar a la reputación» de Biedma.
Los cuatro se reunieron en septiembre de 2024 en un piso de la calle Diego de León, en Madrid. Allí se planteó que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez para poder recusar a la jueza. Además, Díez instó al exmagistrado a denunciar a Biedma ante la Fiscalía General del Estado, asegurándole que tenía capacidad de influencia en la institución que dirigía Álvaro García Ortiz.
Más noticias de www.objetivodiario.es en las redes sociales: Instagram, Facebook o X,. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo redaccion@objetivocadiz.net
